Una historia de «mafias de la okupación»

El entrecomillado viene, en este caso, de poner en cuestión el término y posibles prejuicios al respecto. Bancos malos, okupas buenos y todo eso. Lo que os voy a contar es la historia que vivimos el mes pasado en un barrio trabajador de Madrid. Voy a disimular algunos datos para que no sea identificable ni la vivienda ni sus protagonistas, porque lo que me importa de todo esto es el estado actual de la tutela judicial efectiva en 2017 respecto a la vivienda en propiedad. O dicho de otro modo: ¿Cómo puede ser que si unas personas dañan una propiedad e irrumpen en ella, adquieran derechos hasta que el juez determine lo contrario? ¿Cómo pueden permanecer en la vivienda, sin que el legítimo propietario tenga algo que decir al respecto?

Madrid capital. Bloque de viviendas de barrio trabajador, en el que viven las personas que las compraron entre finales de los años 60 y principios de los 70. La más joven de las moradoras es una viuda de 76 años. Un lunes por la tarde, unos individuos rompen el enrejado y la persiana de una ventana del piso del antiguo portero (hoy, dedicado a reuniones, equipos y tareas comunitarias) y entran en el piso.

Nada más entrar, lo primero que hacen es llamar a la policía.

Ellos. Los que han dañado propiedad ajena y han entrado sin permiso en el piso.

La policía les identifica. Ellos les dicen que llevan 48 horas en el piso (flagrante falsedad, porque sólo hacía 3 horas la persona que limpia la finca había entrado en el piso para dejar los útiles de trabajo). La policía se va.

¿Por qué se va? Porque es lo que marca la ley en 2017. Porque las personas que han forzado la entrada en el piso han declarado que es su residencia. Hasta que termine un proceso judicial que puede durar desde meses hasta años, la policía no puede hacer nada sin el permiso del juez.

Este primer paso demuestra, como comunicó la policía cuando los vecinos denunciaron, que conocen perfectamente la letra de la ley y la aplican para casos así.

He de decir que la policía tuvo un trato exquisito. Informó de los límites de su actuación, y de lo que los vecinos podían y no podían hacer. Entre las cosas que no podían hacer era dar de baja el suministro de electricidad y agua, porque se considera coacción. No es la primera vez  que oigo algo parecido y, aunque no fuera así, da bastante igual: si se diera de baja el suministro y la compañía distribuidora de zona retirara el fusible, los okupas se dedicarían a colocar de nuevo el fusible, cuando no a enganchar «en directo» (con un peligrosísimo cable entre el embarrado y la acometida, sin elementos de protección de ningún tipo) con el consiguiente y muy real peligro de incendio.

En otras palabras, mientras durase la situación de ocupación, los vecinos tendrían que pagarles de una forma u otra la electricidad y el agua a los que habían invadido su propiedad común.

Hubo improperios y amenazas verbales por parte de los nuevos «vecinos», que recibieron su correspondiente denuncia. Sin resultado a corto plazo.

Ahora bien, imaginaos el estado anímico de esos vecinos. Pensad en unas personas que han trabajado toda su vida, que han pagado sus impuestos y los plazos de sus hipotecas, que conviven de manera armoniosa (o, al menos, civilizada) y que, de pronto, entra un grupo de personas, lleva a cabo destrozos, impreca y amenaza. Poneos en el lugar de esos abuelos.

No se supo hasta más tarde, pero los okupas «vendieron» el piso a dos familias por unos cientos de euros. Estas familias aparecieron con unas furgonetas desvencijadas, muebles y enseres y empezaron a instalarse. Al menos no había amenazas ni imprecaciones, y hasta tuvieron el «detalle» de sustituir el bombín de la puerta. También pidieron una llave del portal. Tal cual. No se supo hasta el final de esta corta historia que habían empleado infiernillos o dios sabe qué para algo, y que habían quemado el parquet.

Los vecinos se pusieron rápidamente de acuerdo y contactaron con una empresa que soluciona estos problemas. Esta empresa garantizó solución en 24 horas, y mandó a dos empleados de aspecto físico imponente.

Lo que hizo uno de los dos armarios de tres puertas fue contactar con una persona que gozaba del predicamento de los nuevos ocupas, y negociar con él una «indemnización» para la salida del piso. La cosa quedó en 1.700€ para que estas personas se fueran, y pactar la renuncia a denunciarles. Era evidente que todas las partes (menos los vecinos, claro) sabían a qué jugaban, qué márgenes tenían y cómo poder solucionar la situación en beneficio de todos.

Los okupantes pidieron tres días para poder trasladarse de nuevo (pese a que habían tardado menos de 6 horas en trasladar sus (¿sus?) enseres), y no hubo mus. Se les concedió.

Finalmente se cumplió el plazo. Volvieron a aparecer los empleados de la empresa y acompañaron a las personas para que salieran del domicilio, sin ningún acto violento o ilegal. Todo era muy civilizado… aunque hubo un detalle final.

Preguntaba si eran sus enseres, y con motivo: como se había pactado una renuncia a denunciarles, los segundos ocupadores aprovecharon para transmutarse en langostas de lo inmobiliario y arramblaron con todo lo que no estuviera físicamente integrado en la vivienda. Por lo que me está llegando últimamente, parece ser un modelo de negocio en auge: se ocupa una vivienda y se negocia con sus dueños la salida a cambio de una indemnización, o se venden los «derechos» a otros que hacen lo mismo, o que se quedan sin pagar por tiempo indefinido.

Los vecinos han asumido todo como una derrama, lo que es lo más racional dadas las circunstancias. La empresa solucionadora cobró una minuta importante, pero se asumió con tal de acabar con una situación que estaba suponiendo un estrés brutal a los legítimos propietarios e inquilinos de las viviendas. Hay que insistir en su profesionalidad y eficiencia. Sin violencia ni más amenaza que su mera presencia, negociaron con rapidez y acabaron con un problema que se podía eternizar por meses y años y dar lugar a choques continuados, molestias o incluso más allanamientos o robos.

Contado la totalidad de los destrozos, el coste de tapiar y cambiar la puerta por una blindada, los bienes sustraidos y restos de gastos, la derrama supera los 6.000 euros.

Estos son los hechos. La policía no pudo hacer nada en un primer momento, una empresa eficaz solucionó el problema a cambio de una importante minuta y dos grupos distintos de personas han repetido un modus operandi ya maduro y, como podemos comprobar, extremadamente lucrativo.

Mientras, los imbéciles seguimos pagando nuestras hipotecas, alquileres e impuestos. Dedicamos una parte importantísima de nuestras vidas a trabajar para poder pagar todo eso, y a esto lo llamamos vida honrada.

No me quejo de la policía. Fueron exquisitamente profesionales, acudieron al minuto y se mantuvieron dentro de los límites que marca la ley. Es una interpretación mía, pero estoy convencido de que algunos de ellos habrían deseado que, por decencia elemental, la ley les permitiera echar a los ocupantes.

Tampoco me quejo de la empresa solucionadora. Hicieron su trabajo muy bien. Fueron caros, pero habría salido al final por algo parecido pagar a un letrado o bufete para seguir todos los pasos legales para la expulsión de los okupas, que según opinión de la policía podían llevar entre 9 meses y más de un año, si no es que más. Y mientras, que 16 unidades familiares muy envejecidas tuvieran que pencar con todo eso. Porque, al parecer, es lo que merecen después de estar toda una vida trabajando y pagando sus impuestos.

De lo que me quejo es de lo obvio. De la indignidad e iniquidad. De que la ley permita que estas cosas sucedan. De que la ley no esté completamente de parte del ciudadano cumplidor y honesto, y que deje todo ese margen para que malnacidos delincuentes repitan una y otra vez estas dañinas acciones. Porque, hay que insistir, es ya un modelo de negocio que reporta pingües beneficios a pequeñas (o no tan pequeñas) mafias.

La actual letra de la ley impide en la práctica que los ciudadanos disfruten de las consecuencias de parte del Estado de Derecho. Con una policía maniatada, sólo resta recurrir a empresas privadas que solucionan el problema vía pago. Me queda la impresión de que a nuestros representantes electos el problema les resbala, porque esta situación jamás se va a dar en sus barrios, urbanizaciones o viviendas. Y obviamente, si problemas tan graves los solucionan empresas privadas y no la policía, es que algo marcha rematadamente mal.

Problemas urgentes y muy reales como éste están necesitados de solución, y la solución debe venir de la reforma legal para que la ley se ponga del lado de los que cumplimos con ella. Estoy completamente convencido de que el partido que ofrezca soluciones a estos disparates y abusos se llevaría un buen montón de votos.

Actualización: al final la derrama no ha sido de 6.000€. Ha sido de casi 9.000€, con el coste de las reparaciones ya concretado